Kyiv
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El Comité Superior de Calificación de Jueces de Ucrania coincidió con la conclusión 51 del Consejo de Honestidad  Pública – los representantes del Consejo de Honestidad Pública

Kyiv, el 01 de agosto de 2017.

El Comité Superior de Calificación (el órgano permanente del sistema judicial de Ucrania responsable de la composición del poder judicial ucraniano y del traslado de los jueces y magistrados, que garantiza su nivel de calificación) coincidió con la conclusión 51 del Consejo de Honestidad Pública (órgano independiente  que confirma la información sobre la honestidad y moralidad de los candidatos). En total, el Consejo emitió 140 conclusiones sobre la no conformidad de los candidatos con los criterios de honestidad y ética profesional. Pero 30 jueces que obtuvieron resultados negativos de dicha evaluación del Consejo de Honestidad Pública han accedido a la lista final de candidatos al Tribunal Supremo de Ucrania. «No sabemos por qué no se han tenido en cuenta nuestras conclusiones…», dijo Vitaliy Tytych, representante del Consejo de Honestidad Pública en una conferencia de prensa en UCMC. Taras Shepel, represente del Consejo de Honestidad Pública, añadió que tan solo el 20 % de los candidatos de la lista final no pertenecen al sistema judicial actual (científicos, abogados, activistas de derechos humanos).

«No vemos la escala de la calificación en cada criterio, ni si cada miembro del Comité Superior de Calificación votó según los mismos criterios para cada candidato», señaló Roman Maselko, representante del Consejo de Honestidad Pública. «Si uno de cada cuatro candidatos al Tribunal Supremo no cumple las exigencias, a mí me parece que no hemos realizado la tarea de limpiar el Tribunal Supremo», añadió Maselko.

El concurso aún no ha concluido. «La fase que se inicia ahora es fundamental para nosotros», señaló Roman Maselko. La conclusión en sentido negativo del Consejo de Honestidad Pública sirve de base para la no admisión por el Consejo Superior de Justicia del candidato al Tribunal Supremo.

El concurso empezó en noviembre de 2016, y podían participar en el mismo abogados o académicos, no pertenecientes al sistema judicial.

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