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Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania: 36 civiles muertos y 157 heridos en Donbás durante tres meses

Kyiv, el 13 de junio de 2017.

Conflicto militar en el este de Ucrania

Del 16 de febrero al 15 de mayo de 2017, como resultado de las operaciones de combate en Donbás, 36 civiles murieron y 157 otros resultaron heridos. “Se trata de un aumento en el 48% en comparación con el período del informe anterior, y un aumento en el 70% en comparación con el mismo período de 2016. Los bombardeos resultaron en el 42% de las víctimas. La cantidad casi igual – el 41% – fue causada por minas y otros artefactos explosivos. […] Hacemos un llamado a las partes del conflicto para que cumplan las condiciones pactadas en los acuerdos de Minsk, entre ellos seguir estrictamente la cesación del fuego y retirar armas y combatientes de la línea de combate”, declaró Fiona Frazer, Jefa de la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, presentando el informe de la Misión en una rueda de prensa en Ukraine Crisis Media Center. El informe se basa en entrevistas con 252 testigos y víctimas de violaciones de derechos humanos, así como en observaciones durante visitas de monitoreo a ambas partes en el conflicto.

El informe se centra en los persistentes problemas de infraestructura como consecuencia de los ataques, las dificultades para cruzar la línea de combate, la prohibición de transportación de mercancías entre territorios controlados y no controlados por el Gobierno, el recorte de la producción o el cierre de varias empresas en los territorios temporalmente ocupados por lo que mucha gente perdió sus puestos de trabajo. También se señala que la interrupción forzada de la actividad de la fundación benéfica de Rinat Ajmetov, que proporcionaba ayuda humanitaria a medio millón de civiles. Esto deterioró la situación de la población más vulnerable y pobre de los territorios temporalmente ocupados.

Detención ilegal

El informe contiene información sobre nuevos casos de secuestros ilegales, desapariciones forzadas, en particular, en el territorio controlado por militantes de las autoproclamadas repúblicas. Se registraron los nuevos casos de torturas infligidas a los detenidos en ambos lados de la línea de combate. “No tenemos acceso competo a los detenidos en manos de grupos armados. Sin embargo, seguimos documentando casos de privación de libertad realizados por miembros de grupos armados de la autoproclamada República Popular de Donetsk y autoproclamada República Popular de Lugansk. Los representantes de las repúblicas autoproclamadas continúan la práctica de “arresto administrativo” de 30 días, que a menudo se prolonga, sin ninguna base legal. Al mismo tiempo a los detenidos se les niega el acceso a abogados o visitas de miembros de familias”, señaló Fiona Frazer. Añadió que en el territorio controlado por el Gobierno la Misión tenía acceso libre a los lugares de detención.

Durante el período mencionado en el informe, 14 personas encarceladas antes del conflicto fueron transferidas al territorio controlado por el Gobierno. Sin embargo, 9.500 personas encarceladas antes del conflicto todavía permanecen en el otro lado de la línea de conflicto.

Situación en Crimea

Por primera vez desde la anexión de Crimea, 12 personas encarceladas antes del conflicto fueron trasladadas a la parte continental de Ucrania como resultado de negociaciones directas entre los Defensores del Pueblo ucranianos y rusos.

La Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU entrevistó a todas las personas trasladadas y documentó graves violaciones de sus derechos físicos y mentales cometidas durante su detención en Crimea y Rusia, donde fueron trasladadas en violación del derecho internacional humanitario.

El informe registró violaciones del derecho de los tártaros de Crimea a juicio imparcial y la restricción del uso de la lengua ucraniana en la educación. Además, se expresa preocupación por el desarrollo de estructuras paralelas en el territorio de las autoproclamadas “repúblicas”. Cabe señalar que la Misión de Monitoreo documentó una serie de violaciones de los principios y normas fundamentales del juicio, el derecho a la libertad y la seguridad de persona cometidos en las repúblicas autoproclamadas.

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